(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 29 APR - Los costos de no
combatir el hambre y la malnutrición pueden llegar a ser más
altos que los de las soluciones para garantizar la seguridad
alimentaria y una mejor nutrición.
Lo sostuvo el nuevo informe Financiamiento para la seguridad
alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe,
realizado en conjunto por la Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa
Mundial de Alimentos y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA).
El reporte estimó que el gasto producido por la inacción
ante el impacto del hambre y la malnutrición representa en
promedio un 6,4% del PIB de los países estudiados.
En contraste, el promedio del costo de trabajar para cerrar
la brecha de ingresos con transferencias para el acceso a dietas
saludables es 1,5 % del PIB, sin incluir costos de gestión e
implementación.
La publicación destaca la importancia de invertir en la
agricultura y la necesidad de realizar otras intervenciones para
reducir la inseguridad alimentaria, evidenciando que el problema
principal no proviene de la escasez de alimentos, sino de la
falta de acceso físico y económico, especialmente en zonas
rurales pobres y con poblaciones vulnerables.
"Alinear las políticas sociales, económicas y comerciales y
los objetivos de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición
en América Latina y el Caribe es fundamental, más aún cuando el
gasto en alimentos representa el 22% del PIB regional", señaló
Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional de
la FAO para América Latina y el Caribe.
El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel
Salazar-Xirinachs, indicó que "la incidencia de la pobreza
extrema en la región fue de 11,4% en 2023, lo que significa que
más de 70 millones de personas en la región no tienen ingresos
suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos".
"Es imperativo fomentar políticas públicas inclusivas y
promover una mejor focalización del gasto público, capaz de
impactar directamente a las poblaciones en situación de
vulnerabilidad. En la actualidad, más de la mitad del total de
las transferencias monetarias en América Latina y el Caribe se
destina a hogares con ingresos per cápita superiores a la línea
de pobreza", destacó Salazar-Xirinachs.
América Latina y el Caribe "tiene la dieta saludable más
cara del mundo", aseguró Lola Castro, directora regional del
PMA, cuatro dólares por persona.
"Es inaceptable que las poblaciones más vulnerables sigan
pagando un costo tan alto por cuenta de la desnutrición,
sobrepeso y obesidad o doble carga de la malnutrición, cuando el
continente produce suficientes alimentos para alimentar a toda
su población", apuntó.
El director general del IICA, Manuel Otero, indicó que el
esfuerzo por delante es realizar los estudios por país,
"operacionalizando los objetivos, instrumentos e
institucionalidad, con una clara estimación de costos y, por
supuesto, su financiamiento, tomando una visión amplia de los
seis flujos financieros principales, como se plantea en el
documento". (ANSA).