(ANSA) - ROMA 30 ABR - El Consejo de Estado confirma la
expiración de las concesiones estatales de playas el 31 de
diciembre del año pasado, obligando así a las administraciones a
dejar de aplicar posibles exenciones el 31 de diciembre de 2024,
y remite "a los principios del Tribunal de Justicia de la UE"
para "inmediatamente aplicar el procedimiento de licitación y
adjudicar la concesión en un contexto realmente competitivo".
La sentencia subraya que el recurso de las playas "es
escaso". La sentencia nø 03940/2024, publicada hoy y resuelta
por la sección VII el 12 de marzo, se refiere a un recurso de
apelación de 2023 presentado por un propietario de un
establecimiento de playa en Rapallo (Génoca).
Los jueces se remiten a los "principios del Tribunal de
Justicia de la UE de 20 de abril de 2023, y a toda la
jurisprudencia europea anterior para iniciar inmediatamente el
procedimiento de licitación para asignar la concesión en un
contexto verdaderamente competitivo".
En consecuencia, subrayan la obligación de los municipios
de dejar de aplicar las exenciones, confirmando la expiración de
las concesiones el 31 de diciembre del año pasado.
Además, la sentencia cuestiona el hecho de que el recurso
de la playa no sea escaso, tesis apoyada por el gobierno en el
mapeo realizado y enviado a Bruselas y presentado debido a la no
aplicación de la directiva Bolkenstein.
Se conoce como Directiva Bolkestein la orden del Parlamento
Europeo y del Consejo de la Unión Europea relativa a los
servicios en el Mercado interno, presentada por la Comisión
Europea en febrero de 2004 y aprobada finalmente en noviembre de
2006, entrando en vigor el 28 de diciembre de 2009. También se
conoce como Directiva de Servicios y pretende favorecer la
libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios
entre los Estados miembros de la UE.
"Estamos consternados por una nueva sentencia del Consejo
de Estado que ni siquiera respeta la ley Draghi en los términos
de 2024, a la espera de una reforma largamente esperada del
sector costero, ni el trabajo requerido por la directiva de
servicios sobre cartografía que el Gobierno está gestionando, ni
la negociación formal con la Comisión de la UE para una reforma
que ahora creemos necesaria para poner orden en el sector",
afirmó Marco Maurelli, presidente de Federbalneari Italia (la
Cámara que aglutina a los balnearios)
"Estamos en contra de los tribunales que dictan las
normas sustituyendo al Parlamento e interviniendo también sobre
los principios euro-unitarios, un caos que nuestro país
ciertamente no puede permitirse una vez iniciada la temporada",
acotó. (ANSA).