(ANSA) - CARACAS 30 ABR - Al menos 10.085 personas fueron
asesinadas por las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás
Maduro entre 2013 y 2023, informó hoy el Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
La ONG presentó el informe anual sobre la situación de los
derechos humanos en Venezuela en el que advirtió sobre "una
sistemática vulneración de los derechos humanos" en el país bajo
el gobierno de Maduro, que suma 10 años en el poder.
"Estos diez años hemos registrado 10.085 personas asesinadas
por los cuerpos de seguridad", informó Lísette González,
coordinadora de investigación de la ONG, al presentar en rueda
de prensa el estudio titulado "Maduro: diez años de
empobrecimiento y represión".
Precisó que en 2023, al igual que en el resto del periodo,
la mayoría de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 30 años,
mayoritariamente hombres de sectores populares y que la Policía
Nacional Bolivariana (PNB) fue el cuerpo de seguridad,
responsable del 30% de estas víctimas.
González indicó que, en esta década, 43.003 personas fueron
víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen
1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas
crueles, inhumanas y degradantes.
A su vez, àscar Murillo coordinador general de Provea, dijo
que Maduro en ese periodo "impidió un entorno favorable para
superar la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos
y la democracia", al desconocer "sus obligaciones respecto a la
garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales de la población".
"Desde 2013 vemos una curva ascendente y la pobreza no son
solo números, son sufrimientos humanos que no deben olvidarse",
afirmó.
Destacó que esa pobreza se explica, entre otros indicadores,
en la caída del salario mínimo estancado en 130 Bs (menos de 4
USD mensuales), que hace que 45,2% de los hogares están
enfrentando inseguridad alimentaria y 50,6% dediquen casi todo
su presupuesto a alimentos.
Además, resaltó que 69% de la población sufre severas
restricciones para el acceso a agua potable, 61,9% enfrenta
graves fallas de electricidad y 49,4% tiene escaso acceso a
servicios de transporte.
Asimismo, denunció que en esta década hay un doble
rompimiento del pacto social: "no solo hay incumplimiento del
Estado en sus obligaciones, sino que cuando la población busca
rescatar la esencia de ese pacto, la respuesta es represión,
persecución, abuso y arbitrariedad".
"El espacio cívico está cercado y amenazado y eso tiene que
ver con las dos leyes que merecen nuestra reprobación, que son
la ley que busca criminalizar a las ONG y la ley contra el
fascismo", aseveró.
Murillo fustigó que por aferrarse al poder han tratado de
destruir la convivencia y convertir a todos los que levantan la
bandera de la libertad en enemigos.
"Estamos ante un esquema perverso de colapso de la sociedad
venezolana. Sin embargo, tenemos un país que no sé cansa de
luchar, que aspira un progreso sustentado en el trabajo y en un
Estado que garantice sus derechos políticos, económicos y
sociales", puntualizó. (ANSA).